MARTINOTICIAS
Dos muertes registradas en menos de una semana en la autopista Caracas–La Guaira forman parte de una realidad que en Venezuela resulta difícil de dimensionar por la falta de estadísticas actualizadas sobre las muertes autoinfligidas y las condiciones de salud mental de la población.
Los casos, reportados durante noviembre, han dado lugar a nuevas preguntas sobre la magnitud de este problema de salud pública, los factores sociales y económicos que pueden agravar las situaciones de vulnerabilidad emocional y la capacidad del sistema sanitario venezolano para ofrecer atención especializada.
Venezuela sin cifras actualizadas
La falta de estadísticas oficiales recientes impide conocer cuántas personas han perdido la vida por lesiones autoinfligidas durante 2025 y lo que va de 2026.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que durante años ha elaborado estimaciones sobre este fenómeno, tampoco ha publicado cifras nacionales comparables para esos dos períodos.
Sus últimos datos disponibles corresponden a 2024, cuando estimó 1.962 fallecimientos, equivalentes a una tasa aproximada de 6,9 por cada 100.000 habitantes. En 2023 había calculado 2.358 muertes, con una tasa de 8,2 por cada 100.000 habitantes.
Aunque estas estimaciones reflejaron una disminución entre ambos años, la falta de información posterior impide determinar si esa tendencia se mantuvo o cambió.
Para Samuel Pérez Ermia, jefe del Departamento de Análisis Histórico Social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la ausencia de información pública responde a un problema mucho más grande relacionado con el manejo de las estadísticas nacionales.
"Los actores políticos que han controlado el Estado venezolano desde hace casi tres décadas han entendido que la información tiene que manejarse como un secreto de Estado. Lo que los gobierna es la opacidad", dijo a Martí Noticias.
El sociólogo cuestionó que la falta de datos oficiales limite la posibilidad de conocer con precisión los problemas que afectan a la población y evaluar las respuestas institucionales.
La OPS advierte sobre el aumento de la mortalidad en las Américas
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió en septiembre de 2026 que las Américas continúan siendo la única región de la Organización Mundial de la Salud donde la mortalidad por esta causa ha aumentado durante las últimas dos décadas.
Según las estimaciones utilizadas por el organismo, aproximadamente 100.760 personas perdieron la vida por esta causa en la región durante 2021.
Otro estudio divulgado por la OPS el 20 de octubre de 2026 examinó la mortalidad entre adultos mayores en 38 países y territorios de las Américas. La investigación señaló que las muertes entre personas de 60 años o más pasaron de 13.567 en el año 2000 a 27.792 en 2023, lo que representa un incremento considerable durante ese período.
Crisis económica, migración y pérdida del apoyo familiar
Los especialistas señalan que las condiciones económicas, sociales y familiares pueden influir en el bienestar emocional, aunque las conductas autolesivas responden a múltiples factores y no pueden atribuirse a una sola circunstancia.
En Venezuela, la precariedad económica, la incertidumbre sobre el futuro, las dificultades para acceder a servicios básicos y la separación de las familias como consecuencia de la migración forman parte de las condiciones que pueden aumentar la vulnerabilidad de determinados sectores de la población.
Pérez Ermia considera que la prolongada crisis venezolana ha tenido consecuencias que van más allá del deterioro material de las condiciones de vida. "No podemos pensar que una crisis tan compleja, tan profunda, con tanto impacto sobre las condiciones de vida de las personas, que altera todos los parámetros de la cotidianidad y que obliga a las personas a vivir en una situación de sobrevivencia permanente, iba a pasar sin alguna afectación", explicó.
El sociólogo sostuvo que uno de los sectores especialmente vulnerables es el de los adultos mayores, muchos de los cuales han quedado separados de sus familiares por la migración.
Según explicó, la salida de hijos y nietos ha debilitado las redes de apoyo de numerosas personas de edad avanzada, que además enfrentan dificultades económicas y limitaciones para incorporarse al mercado laboral. "Las personas que se han quedado atrás son mayoritariamente los adultos mayores, que han perdido su ecosistema familiar, su red de apoyo familiar. Se han ido los hijos, se han ido los nietos, y esas personas se han quedado solas", señaló.
El especialista también mencionó las dificultades para generar ingresos propios y las limitaciones de la protección social como circunstancias que pueden profundizar el aislamiento y el malestar emocional.
No obstante, la presencia de estos factores no implica necesariamente que una persona desarrolle un trastorno mental ni permite establecer las causas de una muerte particular.
¿Qué está haciendo el Estado venezolano?
La disponibilidad de atención psicológica y psiquiátrica constituye otro de los aspectos centrales de esta problemática.
Aunque las autoridades venezolanas han informado sobre servicios y programas de salud mental, persisten interrogantes sobre su cobertura, disponibilidad de profesionales, continuidad de los tratamientos y capacidad para atender a personas en situaciones de crisis.
Pérez Ermia cuestionó la respuesta institucional y la ausencia de información pública que permita evaluar las políticas de prevención. "Hasta donde yo sé, nada", respondió al ser consultado sobre las acciones del Estado frente a este problema.
El sociólogo relacionó su valoración con las deficiencias que identifica en el sistema público de salud y con la falta de publicación regular de información epidemiológica. "Si no se atienden las enfermedades fisiológicas, si no se atienden las patologías de carácter epidemiológico, no lo sabemos porque hace años que aquí no hay boletines epidemiológicos de absolutamente nada. Entonces, menos podemos suponer que haya alguna política de salud pública focalizada en el fenómeno", sostuvo.
Sus declaraciones expresan una valoración crítica sobre la respuesta estatal, pero no significan que se haya comprobado la inexistencia de todos los servicios o programas públicos de atención psicológica.
Para establecer el alcance de esas políticas sería necesario contar con información actualizada sobre los centros disponibles, la cantidad de especialistas, los recursos asignados y los resultados de los programas de prevención.
La importancia de la prevención y la atención oportuna
La Organización Panamericana de la Salud considera que la prevención requiere una respuesta integral de los sistemas sanitarios y de otros sectores de la sociedad.
El acceso oportuno a servicios de salud mental, la identificación de personas en situación de riesgo, el acompañamiento familiar y comunitario y la atención continuada son componentes fundamentales de esa respuesta.
En Venezuela, organizaciones de la sociedad civil como Cecodap han desarrollado iniciativas de orientación y acompañamiento psicológico, especialmente dirigidas a niños, adolescentes y sus familias.
La ausencia de estadísticas nacionales actualizadas sigue siendo uno de los principales obstáculos para conocer la dimensión del problema, identificar a las poblaciones más vulnerables y evaluar la efectividad de las medidas de prevención.
Mientras tanto, el acceso a atención profesional y el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones de sufrimiento emocional continúan siendo necesidades fundamentales para la población venezolana.
