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Ante la falta de avances en sus procesos judiciales y de perspectivas de recuperar la libertad, presos políticos venezolanos han planteado la posibilidad de abandonar voluntariamente el país mediante un acuerdo que permita resolver sus casos y poner fin a su encarcelamiento.
La propuesta surge mientras 322 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, según el balance más reciente de la organización no gubernamental Foro Penal. De ellas, 140 son militares y 182 civiles.
Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, explicó a Martí Noticias que la iniciativa parte de los propios detenidos, quienes estarían dispuestos a abandonar Venezuela si esa condición facilita su excarcelación.
“Son ellos los que proponen: si nosotros significamos una traba o un mal pensamiento con respecto a la transición, pues nos vamos inmediatamente”, señaló la defensora de derechos humanos.
Malavé agregó que algunos aceptarían incluso una medida de libertad condicionada a su posterior salida del territorio venezolano.
La propuesta no constituye, por ahora, un acuerdo aprobado por las autoridades ni representa una autorización para abandonar el país.
El caso de Caguaripano y las dificultades judiciales
Uno de los expedientes que ilustra la situación denunciada por la organización es el del capitán Juan Carlos Caguaripano, condenado a 30 años de prisión junto con otras 22 personas por los hechos ocurridos en agosto de 2017 en el Fuerte Paramacay, ubicado en el estado Carabobo.
La defensa cuestiona las condiciones en las que se desarrollaron los procesos judiciales y denuncia demoras para obtener respuestas que permitan revisar las condenas.
“¿Cómo se maneja la justicia en Venezuela? El caso Caguaripano: ninguno sale, todos condenados a 30 años, como efectivamente ocurrió”, expresó Malavé.
La organización sostiene que la falta de respuestas judiciales prolonga la situación de los detenidos y limita las posibilidades de resolver sus expedientes mediante los mecanismos ordinarios de justicia.
El impacto del encarcelamiento sobre los presos y sus familias
Malavé advirtió que la propuesta también responde al deterioro de las condiciones personales y familiares de quienes permanecen encarcelados.
A su juicio, la privación de libertad por motivos políticos tiene consecuencias que van más allá de las condenas judiciales y afecta las posibilidades de reincorporación de los detenidos a la sociedad.
“No hay condiciones para mantener una gente detenida. Es un aniquilamiento a la persona”, afirmó.
La defensora sostuvo que, en lugar de favorecer la reinserción social, el encarcelamiento termina convirtiéndose en un mecanismo de castigo que afecta profundamente la vida de los presos.
“Aquí significa acabarte, castigarte, antes que los tribunales impongan la pena corporal”, denunció.
Costa Rica, Canadá y países europeos entre los posibles destinos
Entre los países que podrían recibir a los detenidos que acepten abandonar Venezuela, Malavé mencionó a Costa Rica, Canadá, Portugal, España e Italia.
La defensora explicó que algunos presos políticos cuentan con doble nacionalidad, una circunstancia que podría facilitar los trámites migratorios y su eventual establecimiento fuera del territorio venezolano.
También expresó confianza en que los gobiernos de esos países considerarían recibirlos si existiera una apertura por parte de las autoridades venezolanas.
“Yo estoy segura de que cuando se haga este planteamiento y haya una apertura por parte del gobierno en ese sentido, los países los van a recibir, porque no estamos hablando de criminales”, afirmó.
Sin embargo, no se ha anunciado ningún compromiso formal de los países mencionados para participar en un eventual mecanismo de acogida.
La propuesta dependería tanto de las decisiones de las autoridades venezolanas sobre la situación judicial de los detenidos como de los requisitos migratorios y las autorizaciones de los países receptores.
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