El jurista alemán Andrés Ritter, nacido en Santiago de Chile en 1964, asumirá a partir de hoy la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), en un mandato de siete años.
El nombramiento de Ritter fue acordado en marzo por el Consejo de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo. Ritter ejercía como fiscal adjunto al fiscal general europeo desde 2020 y sucede a su hasta ahora jefa, la rumana Laura Codruta Kövesi.
El jurista comenzó su carrera en su país natal como fiscal en 1995. Ya en 2008, fue nombrado fiscal general adjunto del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
Posteriormente, dirigió diversas fiscalías, entre ellas, de 2013 a 2020, la de delitos económicos y cibernéticos de la ciudad de Rostock, en el norte de Alemania, antes de ser nombrado el primer fiscal europeo de origen alemán.
La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, es la encargada de investigar casos de fraude transfronterizo. Según su informe anual, a finales de 2025 los investigadores trabajaban en un número récord de 3.602 casos activos, con un perjuicio total estimado de algo más de 67.000 millones de euros (75.000 millones de dólares).
En una entrevista concedida a la agencia dpa en marzo al conocerse su nombramiento, Ritter evaluó los retos que enfrenta la institución y defiende su importancia.
- Señor Ritter, ¿de qué se ocupa su autoridad?
- La Fiscalía Europea persigue el fraude y la corrupción en la Unión Europea. En definitiva, se trata de proteger el dinero de los contribuyentes europeos y, por lo tanto, también de los Estados miembros.
El fraude y la corrupción en la UE son un gran problema. Solo gracias a la labor de la Fiscalía Europea se conoce el alcance del daño. De hecho, estamos descubriendo un nuevo mundo de delincuencia.
- La Fiscalía Europea tiene más trabajo con los procedimientos relacionados con el fraude aduanero y del impuesto al valor agregado (IVA). En las investigaciones del año pasado, la Fiscalía Europea estimó que el daño total ascendía a 45.000 millones de euros. ¿Cómo es posible que se trate de sumas tan enormes?
- Es sorprendente y alarmante que este fenómeno se haya ignorado durante tanto tiempo. Observamos que, posiblemente, hasta ahora no se ha reconocido su magnitud y no se ha combatido de manera eficaz.
Un modelo de fraude es el denominado "carrusel del IVA", un complejo sistema delictivo que se aprovecha de la normativa de la UE sobre transacciones transfronterizas entre los Estados miembros, ya que estas están exentas del IVA.
Una red de empresas legítimas y sociedades ficticias organiza transacciones ficticias entre empresas nacionales y extranjeras para solicitar a las autoridades fiscales nacionales el pago de devoluciones de impuestos injustificadas.
A menudo, las mercancías solo se venden sobre el papel y las sociedades ficticias desaparecen antes de cumplir con sus obligaciones fiscales. Los beneficios superan a los del tráfico de drogas y el riesgo de ser descubiertos y castigados es mucho menor. Se trata de un modelo muy, muy lucrativo para las organizaciones criminales.
- En el informe anual de su autoridad se afirma que el número de casos aumentará. ¿Por qué lo espera así?
- Hay varias razones para ello. En primer lugar, las autoridades nacionales saben ahora que existimos y que deben notificarnos los casos.
En segundo lugar, recibimos muchas denuncias de particulares: el año pasado fueron más de 4.000. Entre ellas hay también denunciantes. Cuando estas personas nos proporcionan información relevante, podemos abrir más procedimientos.
En tercer lugar, descubrimos nuevos hechos a partir de los procedimientos en curso. Y luego está el fondo para mitigar los daños causados por la pandemia del coronavirus: el número de casos relacionados con estos fondos aumentó un 67 % entre 2024 y 2025.
- El fraude parece ser especialmente grave en países como Italia. A finales de 2025, el número de casos ascendía a 991 y los daños totales se estimaban en 28.700 millones de euros. A modo de comparación, en Alemania, el país más poblado y con mayor economía de la UE, solo se registraron 361 casos, con un daño estimado de unos 5.800 millones de euros. ¿A qué se debe?
Mi respuesta quizá le sorprenda: a una buena detección. El número de procedimientos no puede equipararse directamente con el alcance de la delincuencia en un país.
Italia, debido a su larga lucha contra la delincuencia organizada, tiene una conciencia diferente y cuenta con la Guardia di Finanza, una policía financiera centralizada. Allí se trabaja más con bases de datos interconectadas e indicadores basados en el riesgo.
En Alemania también se detectan los delitos, pero de otra manera: más bien a nivel local, a través de las autoridades nacionales, que luego nos comunican los casos. Por lo tanto, no se puede concluir simplemente a partir de un gran número de procedimientos que hay más delincuencia en un país. No hay ningún país que no se vea afectado por el fraude y la corrupción con fondos de la UE.
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